• A propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empres, el Consejo de Ministros ha sido informado sobre la remisión a la Comisión Europea el Plan Fiscal y Estructural de medio plazo, en cumplimiento del nuevo marco de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea.
  • Las solicitudes han cubierto prácticamente la totalidad de los 85,1 millones de euros del presupuesto de la línea de subvenciones
  • El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación valora la buena acogida de esta medida, cuyo plazo de solicitud finalizó el pasado 15 de septiembre
  • El Gobierno trabaja en una nueva línea exclusiva para jóvenes, un compromiso incluido en las 43 medidas para mejorar la situación de agricultores y ganaderos

16 de octubre de 2024. – El nuevo marco entró en vigor en abril de 2024 y establece un conjunto de reglas más adaptado a las necesidades del contexto actual y que responde a las lecciones aprendidas de los últimos años. Así, el nuevo enfoque busca compatibilizar la responsabilidad fiscal con el crecimiento económico, establece una metodología común para un análisis de sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo calibrado a las características específicas de cada país y da un mayor papel de los Estados miembros a la hora de definir su propia senda fiscal.

El plan que remite España a la Comisión Europea presenta un escenario de consolidación a siete años al incluir medidas adicionales. En estas cuentas se garantiza la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo, dando así cumplimiento al nuevo marco de supervisión fiscal europeo y manteniendo el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal.

Para el cumplimiento de los objetivos se establece una senda de crecimiento medio del gasto primario neto del del 3,4% para el periodo en vigor del plan (2025-2028) y del 3% para el periodo a 7 años.

Esta senda permitirá situar la ratio deuda-PIB por debajo del 100% en 2027 y seguir reduciendo de forma continuada el déficit público hasta el 0,8% en 2031.

El escenario macroeconómico para los primeros dos años se ha realizado con las últimas previsiones económicas actualizadas por el Gobierno el pasado mes de septiembre y avaladas por la AIReF, y para el resto de los años de previsión las estimaciones se han realizado de acuerdo con la metodología común acordada por los Estados Miembro para la totalidad del horizonte de proyección.

Más crecimiento y más sostenible


España mantiene en 2024 un crecimiento económico sólido, equilibrado y sostenible que le permitirá seguir siendo el país que más crezca entre las principales economías europeas, con un incremento del PIB cuatro veces superior a la media de la zona euro.

Esto ha permitido que, incluso en ausencia de reglas fiscales, se haya mantenido el compromiso con la responsabilidad fiscal, que ha permitido reducir la deuda pública en torno a 20 puntos porcentuales desde el pico alcanzado en 2021, y cerrar el déficit público en 2023 en el 3,5% del PIB, acercándonos al valor de referencia para las reglas fiscales europeas.

Este crecimiento diferencial se mantendrá en los próximos años, apoyado en la mejora de la productividad y el buen comportamiento del mercado laboral. En este dinamismo del empleo seguirá teniendo especial relevancia el aumento de la población, con un crecimiento de los flujos migratorios, que se materializará en un aumento de la población activa y de las tasas de actividad.

El impulso de la población, el aumento de la tasa de actividad y la productividad impulsará el crecimiento del PIB potencial hasta el 2% en 2025 y el 2,1% en 2026, lo que redundará en un crecimiento económico más sostenible y robusto.

En el medio plazo, el despliegue de los efectos de las reformas permitirá compatibilizar el descenso de la tasa de desempleo con ganancias de poder adquisitivo de los trabajadores y la reducción de la jornada media.

Reformas adicionales para hacer frente a los nuevos desafíos de la economía española


El Plan Fiscal y Estructural incluye un conjunto de medidas con efectos macroeconómicos y fiscales a medio y largo plazo. El catálogo incluye reformas e inversiones aprobadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuyo despliegue incrementará el PIB potencial a lo largo del periodo de ajuste.

Asimismo, el plan incorpora nuevos compromisos en materia de política económica para hacer frente a los nuevos desafíos y retos de la economía española, especialmente en materia de inmigración, vivienda y clima de negocio, que tendrán también un impacto significativo en el crecimiento potencial de la economía durante el periodo de proyección 2025-2031.

Las medidas se han agrupado en cinco grandes ejes: transición ecológica, transformación digital, capital humano, capital físico y productividad y medidas de ámbito presupuestario.

Dentro de las medidas en el ámbito de la Transición Ecológica destacan los nuevos objetivos más ambiciosos del PNIEC con medidas relacionadas con el almacenamiento energético, el despliegue de renovables, el fomento del autoconsumo y la eficiencia energética. Asimismo, con el objetivo de agilizar la electrificación y el despliegue de redes y puntos de suministro eléctrico se incluye como nueva medida la aprobación de una Estrategia para la planificación de la red de transporte 2025-2030.

En el ámbito de la Transformación Digital destacan las medidas contenidas en el Plan Nacional de Competencias Digitales y la reforma del sistema de ciencia e I+D, así como la Estrategia de Inteligencia Artificial.

En el eje de fomento del Capital Humano se enmarcan todas las medidas de política económica dirigidas a expandir la cantidad y calidad de la oferta laboral en España. En este ámbito destacan las relacionadas con el mercado de trabajo, como la reforma laboral o la de subsidios, la reforma del sistema de extranjería y la simplificación del sistema de homologación de títulos.

Por lo que respecta al impulso del capital físico y la productividad, se incluyen medidas destinadas a expandir el stock de capital instalado en España, así como la mejora de la Productividad Total de los Factores. En este ámbito destacan medidas orientadas a mejorar el clima de negocios, reducir las barreras burocráticas de las empresas y las destinadas a expandir el parque de vivienda.

Finalmente, en el ámbito presupuestario se incluyen actuaciones que tienen impacto en la sostenibilidad fiscal por la vía de la reducción del gasto más allá del cumplimiento de la regla de gasto y la mejora de la eficiencia del gasto público.

EL GOBIERNO PROMETE A BRUSELAS UNA SUBIDA DE IMPUESTOS DE 4.500 MILLONES EN 2025


El plan fiscal incluye un ajuste del déficit de 0,4 puntos de PIB al año que el Gobierno cumplirá controlando el crecimiento del gasto público y ganará más margen con la reforma fiscal.

El Gobierno está negociando con la Comisión Europea una subida de impuestos equivalente al 0,3% del PIB, unos 4.500 millones de euros, que entrará en vigor el próximo año. Una buena parte de la subida de impuestos son medidas ya anunciadas, como la conversión en tributos permanentes las figuras extraordinarias a banca y energéticas o el levantamiento de las reducciones del IVA. El Gobierno ha incorporado este ajuste al plan fiscal remitido a la Comisión Europea como parte del esfuerzo fiscal que prevé realizar España para conseguir un ajuste algo más moderado (un plan a siete años).

Fuentes del Ejecutivo explican que esta subida de impuestos forma parte también de la reforma fiscal comprometida ante la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación. En concreto, la reforma fiscal forma parte de los hitos que tiene que cumplir España para el quinto pago de los fondos Next Generation. El Gobierno quiere aprovechar esta reforma fiscal comprometida para asegurar a Bruselas que tiene pleno compromiso con la estabilidad presupuestaria. Paso imprescindible para que la Comisión Europea permita una senda de ajuste algo más suave.

Las negociaciones con la Comisión Europea siguen activas, pero también lo están con sus socios parlamentarios, porque no hay visibilidad alguna de que el Gobierno vaya a conseguir la aprobación del Congreso. La única medida ya aprobada es el final de las rebajas del IVA, ya que estas tenían incorporado un límite temporal en su diseño. De hecho, las rebajas del IVA a los productos energéticos ya han desaparecido.

Sin embargo, como estuvieron en vigor durante la primera mitad del año, su levantamiento implica un aumento de los ingresos en el año 2025.

El Gobierno también incluye en esta reforma fiscal la conversión en permanentes de los impuestos especiales a la banca y las energéticas, que reportan actualmente más de 2.000 millones de euros anuales. Estos impuestos temporales decaen este año, por lo que su recaudación no se considera estructural. En el momento en el que el Gobierno logre este objetivo, se incorporará como parte del ajuste fiscal realizado por el país, aunque no suponga un aumento de la recaudación en el próximo año.

Además de estas medidas ya anunciadas, el Gobierno está negociando con la Comisión Europea otras subidas de impuestos adicionales aún no anunciadas. Una de ellas es la subida del IVA a los alquileres turísticos al 21% como solicita Sumar. El ala socialista del Gobierno ve con buenos ojos esta propuesta que contribuiría a desincentivar este tipo de alquiler por la vía de la subida de su precio. Fuentes próximas al Gobierno señalan que esta es una de las subidas de impuestos que se está negociando con la Comisión.

EL GOBIERNO HARÁ UN AJUSTE DE 50.000 M PARA CUMPLIR CON LA UE Y EMPEZARÁ EN 2025 CON UNA SUBIDA FISCAL DE 4.700 M


  • En el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea figura un ajuste anual de 0,4 puntos de PIB, en línea con el cálculo de la AIReF.
  • El Gobierno promete a Bruselas contener el avance del gasto público en una media del 3% hasta 2031.

A pesar de la promesa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de que España cumplirá con las nuevas reglas fiscales sin recortes, el Ejecutivo sí ha calculado qué ajuste tendrá que efectuar durante los próximos siete años para no levantar las iras de Bruselas.

En concreto, el ajuste rozará los 50.000 millones de euros hasta 2031. En cualquier caso, el primer paso del Gobierno para ello ya está decidido: no habrá recorte del gasto, sino un aumento de los ingresos vía subida de impuestos que en 2025 superará los 4.700 millones de euros.

El Plan Fiscal Estructural a medio plazo que el Ejecutivo ha remitido este martes a la Comisión Europea contempla un ajuste presupuestario anual de 0,4 décimas de PIB mientras dure el plan, es decir, entre 2025 y 2031.

Así lo indican fuentes del Ministerio de Economía. Con este ajuste, sumado a otras medidas, el Gobierno espera cumplir las exigencias fiscales de Europa, que reclama que la ratio entre la deuda y el PIB se recorte cada año un punto porcentual como mínimo. En resumidas cuentas: que la deuda pública descienda de forma efectiva.

Las cuatro décimas de ajuste anual están muy cerca de lo que ya estimó en su momento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo calculó que, para un plan en siete años, el ajuste debería rondar los 0,43 puntos de PIB al año. Por su parte, el Banco de España veía necesario un ajuste más elevado, de al menos medio punto de PIB.

No obstante, la variable con la que Bruselas vigilará las finanzas nacionales no será ni el déficit ni la deuda —aunque ambas tendrán que mantener una senda descendente—, sino el incremento del gasto neto de medidas de ingresos.

En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a moderar el crecimiento de este gasto a una media anual del 3%, partiendo desde un alza del 3,7% en 2025.

 La Comisión Europea observará de cerca esta magnitud. España no podrá desviarse cada ejercicio más de tres décimas del objetivo pactado. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría sancionar a España, con una suerte de protocolo de déficit excesivo (PDE) como el que se venía aplicando hasta ahora. Lo mismo ocurrirá si al final del periodo de ajuste (de 2025 a 2031) la media anual de crecimiento del gasto se desvía más de seis décimas del 3% comprometido.

Eso sí, el nuevo marco fiscal permite a los Estados compensar un ejercicio con otro. Es decir, si España incrementa su gasto un 3,5% el próximo año, dos décimas menos de lo comprometido, esas dos décimas se pasan y se suman al margen de gasto de 2026, y así sucesivamente. De esta manera, es posible un escenario de mayor contención del gasto durante los primeros cursos para otorgar flexibilidad en los siguientes.

Los incrementos del gasto que maneja España son llamativos, pero por lo elevados. Las instituciones europeas recomendaron al Gobierno que el gasto neto en medidas de ingresos no creciera más de un 2,6% aunque la AIReF estima que el incremento será del 4,3%.

El objetivo de gasto de 2025 (3,7%) que el Gobierno ha enviado a Bruselas supera en más de un punto la recomendación que se había hecho, e incluso la media anual del Plan Fiscal Estructural (3,4%) es más elevada. Sin embargo, el propio Carlos Cuerpo ya ha adelantado que el incremento del gasto puede ser mayor siempre y cuando crezcan los ingresos, como ocurrirá si se lleva a cabo una subida de impuestos que mejore la recaudación fiscal.

Reforma fiscal


Dicha subida de impuestos comenzará a operar en 2025, tras la correspondiente reforma fiscal, que el Gobierno tendrá que tramitar y desarrollar en las próximas semanas.

Así lo indicó Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresas, durante la presentación del Plan Fiscal Estructural, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la intención del Gobierno con la reforma fiscal es elevar la recaudación en tres décimas de PIB, que equivale a unos 4.700 millones de euros.

Queda conocer qué medidas contendrá esta reforma fiscal. Por ahora, el Gobierno (a través del propio Cuerpo) ha desvelado únicamente que forma parte de ella dar carácter permanente a los impuestos a las empresas eléctricas y a la banca. El resto es una incógnita.

Cabe recordar que dentro de este paquete normativo podría entrar el tipo mínimo del 15% para grandes multinacionales, que ya cuenta con todos los avales necesarios del Consejo de Ministros. Sin embargo, su tramitación no ha avanzado un ápice en el Congreso.

El Plan Fiscal Estructural sólo recoge que «se aprobarán medidas tributarias para hacer el sistema tributario más efectivo» con el objetivo de «incrementar los ingresos, apoyar la transición energética y promover la equidad». Y «se adoptarán sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales«.

Desde el punto del Gobierno, hay espacio tributario para nuevas medidas fiscales o subidas impositivas. Cuerpo afirma que España tiene margen con respecto al promedio europeo de presión fiscal, lo que da «recorrido para poder realizar medidas o reformas en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento».

En cualquier caso, el problema al que se va a enfrentar la reforma fiscal es el mismo que ya afronta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. El Gobierno debe recabar apoyos parlamentarios suficientes, algo que cada día parece más complicado, sobre todo en el ámbito fiscal.

En este caso, las posturas entre los socios de PSOE y Sumar (incluso entre los dos partidos de la coalición) están muy alejadas. Esta es la razón por la que, por ejemplo, el Ejecutivo no descarta que el carácter permanente para los tributos de eléctricas y banca se apruebe entrado 2025.